Exigen justicia para trabajadores mineros desaparecidos en el estado de Sinaloa
Familiares y representantes del sector minero demandan al gobierno federal condiciones de seguridad tras la desaparición y asesinato de trabajadores en Sinaloa.

Familiares de trabajadores mineros y representantes de la industria en Sinaloa han alzado la voz este lunes 17 de agosto para exigir justicia por los casos de desaparición y asesinato que han afectado a sus trabajadores en los últimos meses. La demanda principal es que estos hechos no sean tratados como una cifra estadística más, sino que se emprendan acciones concretas de búsqueda y esclarecimiento de los delitos ocurridos en las zonas de extracción mineral de la entidad.
Ante esta situación, la industria minera mexicana ha solicitado formalmente a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se refuercen las garantías de seguridad en las regiones operativas. El sector argumenta que el incremento en la inseguridad y la presencia de grupos delictivos en las áreas rurales dificulta la continuidad de las actividades productivas y pone en riesgo constante la integridad física del personal operativo y técnico.
La propuesta del sector minero incluye la implementación de mesas de trabajo permanentes con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el despliegue estratégico de elementos de la Guardia Nacional en las rutas de acceso a las minas. Estas medidas buscan disuadir la comisión de delitos y brindar un entorno de certeza para los trabajadores que desempeñan sus labores en zonas de alta complejidad geográfica.
Por su parte, las autoridades federales han indicado que se encuentran analizando los protocolos de seguridad industrial en coordinación con las autoridades estatales de Sinaloa. El objetivo planteado por el Ejecutivo es articular una respuesta interinstitucional que permita identificar a los responsables de las agresiones y establecer corredores seguros, evitando así la impunidad en los casos denunciados por las familias de las víctimas.
Representantes de diversas cámaras mineras han manifestado que la estabilidad del gremio depende directamente de la capacidad del Estado para retomar el control territorial en los municipios afectados. La expectativa es que, tras las reuniones sostenidas con representantes gubernamentales, se establezca un calendario de acciones preventivas que devuelva la tranquilidad a las comunidades mineras y garantice la justicia para quienes han perdido a sus seres queridos en este contexto de violencia.
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