Tribuna Peninsular

martes, 15 de septiembre de 2026

México

Frayba denuncia desalojo forzado de familia tsotsil en San Cristóbal

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas señaló a la administración municipal por violentar derechos humanos en un desalojo para fines comerciales.

Redacción Tribuna Peninsular
Foto: jornada.com.mx

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció públicamente este lunes que la administración de la alcaldesa de San Cristóbal de las Casas ha vulnerado los derechos fundamentales de una familia de origen tsotsil. Según el organismo, el desalojo ejecutado en días recientes responde a intereses comerciales sobre el predio ocupado por las personas afectadas, contraviniendo normativas de protección a pueblos originarios.

La organización civil detalló que las autoridades municipales habrían procedido a la desposesión del inmueble sin ofrecer alternativas habitacionales ni seguir los protocolos legales que garantizan el debido proceso para familias en situación de vulnerabilidad. El Frayba subrayó que esta acción representa una violación directa al derecho a una vivienda digna y a la integridad personal de los integrantes de la familia, quienes han quedado en una situación de incertidumbre habitacional tras la intervención de las fuerzas municipales.

De acuerdo con la denuncia, el objetivo de la alcaldía es destinar el terreno a proyectos de desarrollo comercial, ignorando la antigüedad de la posesión y la identidad cultural de los afectados. Esta situación ha generado un llamado urgente por parte de defensores de derechos humanos para que las autoridades locales detengan las acciones de hostigamiento y busquen una solución basada en el diálogo y el respeto a la legalidad vigente en el estado de Chiapas.

Por su parte, el equipo de comunicación de la alcaldía ha señalado que se trata de procedimientos de recuperación de espacios públicos bajo esquemas de ordenamiento urbano. No obstante, los representantes del Frayba insisten en que cualquier medida de esta naturaleza debe priorizar la protección de las personas sobre los intereses económicos, exigiendo que se investiguen los posibles abusos de autoridad cometidos durante el operativo de desalojo.

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