Jueces en San Bartolo Coyotepec liberan a presunto implicado en desaparición

Jueces adscritos a los juzgados con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dictaron la liberación de un individuo señalado como responsable de la desaparición forzada de un activista social. La determinación judicial ha sido calificada por diversos sectores como un acto de desacato a los procedimientos legales vigentes, ya que la resolución fue emitida omitiendo elementos probatorios fundamentales presentados por las autoridades investigadoras durante el proceso.

El caso, que ha mantenido en vilo a la sociedad oaxaqueña, se remonta a los hechos ocurridos meses atrás, cuando el activista fue sustraído de su domicilio por personas armadas. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca había consolidado una carpeta de investigación robusta, misma que, según los denunciantes, fue desestimada por los juzgadores locales bajo argumentos que contradicen los protocolos de protección a los derechos humanos y la seguridad pública.

Representantes de organizaciones civiles han manifestado su profunda preocupación ante lo que consideran una falla sistemática del Poder Judicial en la entidad. La liberación del imputado, quien enfrentaba cargos por delitos graves, fue notificada sin que se establecieran medidas cautelares efectivas, contraviniendo las directrices federales que buscan evitar la impunidad en casos de desaparición forzada en México.

Por su parte, el equipo jurídico de las víctimas ha anunciado que interpondrá los recursos legales necesarios para impugnar esta resolución. Asimismo, se ha solicitado la intervención del Consejo de la Judicatura para que se realice una investigación exhaustiva sobre el actuar de los jueces involucrados, buscando determinar si existieron irregularidades en el proceso o una falta grave en la interpretación de la ley.

Este suceso se suma a la creciente tensión sobre la eficacia del sistema penal en los estados del sur del país. Mientras tanto, colectivos de búsqueda y defensores de derechos humanos han convocado a movilizaciones pacíficas frente a las instalaciones judiciales para exigir que se rectifique la decisión y se garantice el acceso a la justicia para las víctimas de desaparición.