Proponen impedir cargos públicos a deudores alimentarios y agresores en CDMX

Legisladores locales en la Ciudad de México han presentado una propuesta formal para reformar la normativa vigente, con el objetivo de impedir que personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias o con sentencias firmes por delitos sexuales ocupen cargos en la administración pública. La medida pretende fortalecer la integridad del servicio público y garantizar que quienes ejerzan funciones de gobierno cumplan con estándares éticos y de responsabilidad ciudadana.

La iniciativa establece que el cumplimiento de las obligaciones de manutención infantil y la ausencia de antecedentes por violencia de género sean requisitos indispensables para cualquier nombramiento en el servicio público de la capital. Según los proponentes, esta regulación busca cerrar brechas legales que actualmente permiten que individuos con sentencias por violencia sexual o falta de pago de pensiones accedan a puestos de toma de decisiones en dependencias locales.

De aprobarse estas modificaciones, los procesos de selección y reclutamiento para el gobierno de la Ciudad de México deberán incluir filtros obligatorios que verifiquen el estatus legal de los aspirantes ante las autoridades correspondientes. Este mecanismo pretende alinear la ética del servicio público con los derechos de las víctimas y la protección de menores, evitando que personas con antecedentes de incumplimiento patrimonial o violencia ejerzan autoridad.

El equipo legislativo a cargo de la propuesta ha señalado que el objetivo es asegurar que la conducta de los servidores públicos sea ejemplar y congruente con los valores de respeto y responsabilidad social. Asimismo, se ha enfatizado que este requerimiento no busca una sanción adicional, sino asegurar que los perfiles que integran la estructura gubernamental gocen de una reputación intachable en el ámbito de la justicia familiar y penal.

Actualmente, la propuesta se encuentra en etapa de análisis en las comisiones correspondientes del Congreso de la Ciudad de México, donde se evaluarán los mecanismos técnicos para su implementación. Se espera que en los próximos meses se realicen mesas de trabajo para discutir los alcances de esta reforma antes de pasar a una votación en el pleno.