SCJN ordena juzgar desapariciones de defensoras con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció este sábado una jurisprudencia obligatoria que exige a todas las autoridades judiciales del país juzgar bajo una perspectiva de género e interseccionalidad los casos de desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos. La resolución determina que esta metodología no es una opción discrecional para los jueces, sino un mandato constitucional indispensable para garantizar el acceso a la justicia y la debida diligencia en las investigaciones.

La determinación de la Corte surge ante la necesidad de reconocer que las mujeres defensoras enfrentan riesgos diferenciados debido a su labor de activismo en entornos sociales complejos. Al integrar el enfoque de género, los juzgadores deberán analizar no solo los hechos materiales de la desaparición, sino también los factores de poder, discriminación estructural y violencia sistemática que rodean el contexto de las víctimas antes y durante su ausencia.

De acuerdo con los criterios del máximo tribunal, los operadores de justicia deben considerar las vulnerabilidades específicas que se cruzan en la vida de una mujer defensora. Esto implica que las investigaciones deberán contemplar el impacto de su actividad pública y su rol social, evitando la revictimización y asegurando que se agoten todas las líneas de investigación orientadas a su localización y a la sanción de los responsables.

Esta resolución busca cerrar brechas en la impartición de justicia que históricamente han dificultado el esclarecimiento de estos delitos en diversas entidades federativas. Al elevar la perspectiva de género a un estándar obligatorio, la SCJN pretende que las fiscalías y tribunales locales adopten protocolos más rigurosos que respondan a la realidad de la violencia contra las mujeres en México.

Finalmente, el Poder Judicial de la Federación ha señalado que el incumplimiento de este estándar en los procesos judiciales podrá ser motivo de revisión mediante los recursos legales correspondientes. Con esta medida, se busca fortalecer la protección institucional para quienes ejercen la defensa de los derechos humanos en el país, garantizando que su labor sea un elemento central en la valoración jurídica de sus casos.