Segob atenderá a familiares del periodista Francisco Leyva tras homicidio en Oaxaca

La titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) sostendrá un encuentro privado con los familiares del periodista Francisco Leyva, quien fue privado de la vida recientemente en el estado de Oaxaca. Esta reunión se realiza bajo instrucción directa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de brindar acompañamiento institucional a los deudos y revisar los avances en las investigaciones del caso.

Durante el anuncio de este acercamiento, el equipo de la SEGOB enfatizó que el compromiso del Gobierno Federal es trabajar bajo una política de cero impunidad en los delitos cometidos contra integrantes del gremio periodístico. La dependencia federal buscará coordinarse con las autoridades locales para asegurar que las indagatorias se realicen con celeridad y transparencia, conforme a los protocolos nacionales de protección a periodistas.

Aunque el caso se encuentra bajo la jurisdicción de las autoridades estatales, la federación ha manifestado su disposición para colaborar en las diligencias necesarias si el curso de la investigación así lo requiere. El Ejecutivo Federal subrayó que la protección a la libertad de expresión es una prioridad en la agenda actual y que las autoridades competentes están obligadas a esclarecer los hechos ocurridos en la entidad.

Por parte de los familiares de Francisco Leyva, se espera que durante la reunión se establezcan mecanismos de diálogo directo y seguimiento continuo sobre el estatus de la carpeta de investigación. El Gobierno Federal ha reiterado que mantendrá comunicación constante con los allegados del comunicador durante el desarrollo del proceso legal para evitar la indefensión de las víctimas.

Este encuentro se suma a las acciones que la actual administración ha implementado para fortalecer los mecanismos de seguridad en las entidades federativas donde se han registrado agresiones contra la prensa. La SEGOB ha propuesto intensificar la coordinación con las fiscalías estatales para prevenir que estos crímenes queden sin sanción y garantizar el acceso a la justicia para las familias afectadas.